Día internacional contra la violencia hacia la mujer

Lidia Falcón
Abogada. Presidenta del Partido Feminista de España

Desde la Plataforma Feminista del Ateneo de Madrid que lleva tres años de actividad, y a través de la cual numerosas mujeres que participamos en ella hemos organizado diversos actos feministas en la venerable institución, así como hemos asistido a concentraciones, asambleas y recogida de firmas, conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, día designado por Naciones Unidas en 1983 para que nadie ignore la más grave lacra que padece este mundo. Este tipo de agresiones está tan extendido que la ONU ha declarado que “es el crimen oculto más numeroso del mundo”.

En nuestro país, sólo en el último periodo democrático de la historia de España las luchas feministas han logrado que el maltrato a las mujeres se considere un problema social que concierne a las instituciones del Estado. Pero es sin duda la cantidad de víctimas de los últimos 30 años –y que al fin las estadísticas se han decidido a contar, aunque sea incompletamente– la que impulsó que el Gobierno elaborara una Ley de Violencia de Género el 28 de diciembre de 2004, que fue votada por todos los diputados por aclamación.

Pero cuando ocho años después de entrar en vigor la merecida ley contamos ya 600 asesinadas, resulta difícil mantener el optimismo que muestran los gobernantes sobre la eficacia de la norma. Las cifras de los últimos 30 años resultan demoledoras: 2.300 muertas, dos millones de apaleadas sistemáticamente, 15.000 violadas cada año, y miles de niñas y niños –no hay estadísticas oficiales– maltratados, abusados sexualmente, asesinados y desaparecidos. Podemos asegurar, sin pecar de exageración, que el gráfico de las agresiones es una línea recta, con apenas desviaciones, desde hace treinta años, a pesar de las reformas legales y jurisdiccionales realizadas.

Para intentar corregir esas cifras dramáticas es imprescindible la implicación de todos los poderes políticos y sociales. Desde el gobierno que debe proponer una reforma de la Ley que proteja más eficazmente a las víctimas, al Parlamento que debe aprobarla, a los jueces en su labor de tutela de los ciudadanos, a la policía en la persecución del delito. A la vez que en la conciencia social debe penetrar profundamente la total repulsa moral hacia el maltratador. Mientras todos los actores implicados no se movilicen para acabar con esta tragedia que nos afecta a todos, podemos pronosticar que sin reformar la Ley de Violencia de Género y dotar económicamente a la Policía y a la Administración de Justicia para que tengan medios con que cumplir con su deber de protección de las víctimas, las cifras de femicidios, agresiones, violaciones y abusos, seguirán siendo escandalosas, ante la inhibición de las instituciones y la indiferencia social.

Madrid, 22 de noviembre 2012.